BUQUE CLÍNICA PARA ABORTOS EN ALTA MAR Y EL DERECHO DEL ESTADO
RIBEREÑO CONFORME LA CONVENCIÓN DE MONTEGO BAY Y EL DERECHO CONSUETUDINARIO DEL
MAR
* por Susana Elsa Torres
El partido político denominado Autodeterminación y Libertad (A
y L) que lidera el Diputado Nacional Luis Zamora, a través de la legisladora de
la Ciudad de Buenos Aires, Noemí Olivetto, ha dado a conocer por su página web y
distintos medios gráficos y radiales, que ha invitado a recalar en el puerto de
Buenos Aires, al buque Aurora perteneciente a la ONG holandesa denominada
"Mujeres sobre las Olas" (Women on Waves), cuyo objeto y finalidad social es la
de realizar a bordo del buque en alta mar, abortos a mujeres grávidas residentes
o ciudadanas de países donde esa práctica quirúrgica se considera un delito.
Para ello, según consigna la página web de A y L, vendrá el
próximo 9 de diciembre de 2004 la titular de Mujeres sobre las Olas, la Dra.
Rebeca Goomperts, conforme una agenda diseñada por A y L para organizar el
arribo del buque para el año próximo promocionando la despenalización del aborto
y ofreciendo realizar abortos a mujeres residentes en el país, los que se
efectuarían a bordo del "Aurora" y en aguas internacionales con el objeto de
eludir la aplicación de la ley argentina.
No se ha dado explicación alguna acerca de la forma de embarque
de las mujeres, que en principio no lo podrían hacer en puertos argentinos ya
que no se trata de un buque de pasajeros.
Con el barco anclado en puerto los miembros de la ONG darían
conferencias y talleres sobre salud reproductiva, educación sexual y control de
la natalidad y se suministrarían drogas abortivas y dispositivos para evitar el
embarazo.
Como se dijo, la ONG está liderada por la Dra. Rebeca
Goomperts, una médica ginecóloga holandesa y dice contar con sponsors privados
que costean la clínica flotante y todas las actividades de la ONG.
El método operativo de tan singular emprendimiento es
promocionar el aborto en los países donde está penalizado a través de la
relación con grupos abortistas locales, en el caso un partido político
minoritario, invitar a mujeres encintas que estén en condiciones de afrontar la
interrupción quirúrgica del embarazo, para lo cual las embarcarían y la
intervención se realizaría en aguas internacionales donde serán operadas y luego
devueltas a puerto nacional.
La idea central consiste en que en aguas internacionales las
relaciones que se verifiquen a bordo del buque se rigen, en principio por la
legislación de la bandera y les corresponde la jurisdicción del Estado de la
bandera y como la legislación holandesa permite la realización de abortos
voluntarios decididos por la mujer, no se estaría violando ninguna norma ni
cometiendo ningún delito.
También estarían a juicio de las organizadoras, bajo la ley
holandesa, las actividades que realizaría el buque en aguas territoriales
argentinas en tanto se calificaría como "paso inocente" el recalado en puertos y
derrota sobre el mar territorial argentino.
La ONG ha realizado ya tres operativos dentro de esta modalidad
frente a las costas de Irlanda, Portugal y Polonia, países donde el aborto,
salvo casos excepcionales, se considera un delito contra la vida de las
personas, y Holanda ha tenido reclamos diplomáticos por esta actividad que los
países nombrados consideraron contraria al derecho internacional.
En la comunidad internacional los sujetos que la componen son
los Estados y las organizaciones creadas por los Estados, en tanto que las ONG
aunque sean poderosos factores de poder, no tienen ni personería internacional
ni responsabilidad internacional, de allí la necesidad de Mujeres sobre las Olas
de registrarse en un Estado y cumplir con las leyes de ese Estado para adquirir
su personería jurídica, dirigir sus acciones y registrar y habilitar al buque
clínica y fletar el barco del aborto.
Frente a la fuerte reclamación diplomática de los países
elegidos por la ONG para realizar los abortos de sus súbditas en alta mar,
Holanda se vio obligada a tomar algunas medidas de tipo formal que en los hechos
veda la posibilidad de actuación del barco clínica en el extranjero. Dicho barco
fue habilitado por las autoridades de la salud siempre que tenga un contrato con
Hospital que no estuviere a más de 25 Km por lo que reglamentariamente no
podrían realizar ninguna práctica más allá de los 25 km de la sede del Hospital,
por un lado y por otro lado, se dice que los dos médicos cirujanos que deberían
realizar los abortos, no tienen habilitación holandesa (Matrícula) por lo que
aún en aguas internacionales no los ampararía la bandera holandesa para
prácticas programadas como las que constituyen el objeto social de Mujeres sobre
las Olas. Según noticias de la ONG, el 04-06-04 una Corte de los Países Bajos
revocó la negativa anterior de efectuar abortos quirúrgicos fuera de esos 25 km,
pero aún no ha conseguido la licencia de las autoridades de salud, por lo que en
los viajes que programa ahora para Latinoamérica va a suministrar solamente la
píldora RU-486 y colocar dispositivos para contracepción, en alta mar.
Por donde se la mire la actividad del buque es contraria al
derecho internacional y el Estado ribereño puede considerar un gesto inamistoso
del Reino de los Países Bajos el permitir la actividad del buque tanto en aguas
internacionales como en aguas territoriales de otros Estados.
La Convención que codificó el derecho consuetudinario del mar
en Montego Bay en 1982,CONVEMAR, ha trazado los límites jurisdiccionales del
mar, partiendo de la costa de un estado ribereño y prologándose hacia el alta
mar.
Como milla cero para la medición de estos espacios ha tomado
las líneas de base normal que coincide con las líneas de más bajas mareas y,
excepcionalmente las líneas de base recta que son las que unen idealmente puntos
salientes de las escotaduras en las costas recortadas o sinuosas. En nuestro
país las leyes 17.094 y 18.052 establecen que la medición de las jurisdicciones
marinas, se toman desde las líneas de más baja mareas con excepción de los
golfos San Matías, Nuevo y San Jorge en que se toman desde las líneas de base
recta que unen los cabos que forman sus escotaduras.
Las primeras 12 millas marinas contadas desde la milla cero,
sea de base normal o de base recta, corresponden al mar territorial donde rige
exclusivamente la ley del Estado ribereño vigente en la tierra firme, con una
sola excepción: el llamado paso inocente del buque, reglamentado por los arts.
17; 18; 19 y concordantes de la CONVEMAR. Esto quiere decir que en el interior
del buque que surca en paso inocente las aguas territoriales argentinas, rige la
ley del Estado de la bandera que enarbola.
Dentro de este concepto de paso inocente podemos afirmar que si
el buque Aurora pretende recalar en un puerto argentino, al parecer el de Buenos
Aires, para promocionar los abortos a realizar luego en alta mar, aunque no
embarcara en ese puerto a las mujeres que serán operadas, no podemos estar
hablando de ninguna manera de "paso inocente" ya que el principio general del
art. 19 inc. l) de la CONVEMAR considera que no es inocente el paso de la nave
cuando realice "cualesquiera otras actividades que no estén directamente
relacionadas con el paso."
Desde la milla 12 hasta la milla 24 se encuentra la "zona
contigua" donde el Estado ribereño ejerce jurisdicción de prevención de las
infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o
sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. En virtud de
esta disposición la Argentina puede ordenar al Aurora que se retire de la zona
contigua sin introducirse en el mar territorial.
Desde la milla 24 hasta la milla 200 se encuentra la llamada
"zona económica exclusiva" que como su nombre lo indica se refiere a los
derechos de soberanía económica que sobre los recursos del mar tiene el Estado
ribereño y que puede ejercer sin por ello perjudicar o impedir el derecho de
terceros estados, con o sin litoral, a la libre navegación y otros usos
internacionalmente legítimos del mar, entre los que no se cuentan los de
promocionar y ofrecer ayuda para violar la ley penal del Estado ribereño. Por
ello entendemos que aún en esta zona jurisdiccional puede Argentina dar aviso al
buque Aurora para no se introduzca en la zona contigua ni en el mar
territorial.
Va de suyo que la actividad llevada a cabo en el Aurora, sería
un delito penado por los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal Argentino
realizado por una argentina como autora cuyo resultado es la privación de la
vida de una persona por nacer cuya existencia nuestra legislación reconoce desde
su concepción en el seno materno (Código Civil art.70 ) y que por el art. 75
inc. 22 de la Constitución Nacional el Estado le reconoce la garantía del
derecho a la vida consagrado en la Declaración Americana de Derechos Humanos
Pacto de San José de Costa Rica.
Pero aún en el supuesto de que se considerara "inocente" el
paso de este buque por el mar territorial, en orden a los delitos señalados,
debemos examinar que el art. 27 de la CONVEMAR prohíbe al Estado ribereño
"ejercer la jurisdicción penal para detener a ninguna persona o realizar ninguna
investigación por un delito cometido a bordo del buque de bandera extranjera en
su paso inocente por aguas territoriales salvo que, entre otros supuestos, el
delito tuviera consecuencias en el Estado ribereño o sea de tal naturaleza que
pudiera perturbar la paz del país".
Entendemos que en el caso hipotético de la realización del
aborto en alta mar, si luego el barco recalara en puerto argentino con paso
aparentemente inocente, el delito habría tenido los actos preparatorios en suelo
argentino, la nacionalidad de una de las autoras y de la víctima serían
argentinas y los efectos del delito repercuten en Argentina, no sólo por impedir
el desarrollo de una vida humana sino por constituir una inmoderada apología del
crimen dirigida a la población del Estado ribereño, otorgando facilidades para
la comisión del ilícito. En ese sentido nadie podría negar el derecho de la
Argentina a investigar y juzgar la comisión de esos delitos tomando intervención
en el buque.
El famoso fallo "Lotus" (Francia-Turquía, Corte Permanente de
Justicia Internacional, 1927) ha sentado doctrina sobre el particular, que es la
inspiradora de la CONVEMAR: "De ninguna manera se sigue que un Estado nunca
pueda ejercer jurisdicción sobre actos que ocurrieron a bordo de un buque
extranjero en alta mar". Y luego: "Todo lo que puede decirse es que en virtud
del principio de libertad de los mares, un buque tiene la misma situación que el
territorio nacional de su bandera; pero es infundado el argumento en cuya virtud
los derechos del Estado cuya bandera enarbola el buque, puedan ser más
extendidos en el buque, que los derechos que ejerce en su territorio propiamente
dicho" así si Holanda realizara propaganda abortista en nuestro país e invitara
a las mujeres argentinas a realizarse abortos en Holanda, ello sería un acto
absolutamente inamistoso contra la Argentina y violatorio de su derecho penal,
vale decir un ataque a la soberanía mediante una grave intromisión en los
asuntos internos de otro Estado. También si sus súbditos lo realizan en el buque
Aurora.
Estos principios establecidos por el fallo Lotus que hicieron
historia en materia de derecho del mar, se encuentran robustecidos por el art.
27 inc. 5) de la CONVEMAR que dice que "// .. el Estado ribereño no podrá tomar
medida alguna a bordo de un buque extranjero que pase por su mar territorial,
para detener a ninguna persona ni para practicar diligencias con motivo de un
delito cometido antes de que el buque haya entrado en su mar territorial, si
tal buque procede de un puerto extranjero y se encuentra únicamente de paso
por el mar territorial, sin entrar en las aguas interiores". Parecería entonces
que no es el caso del Aurora que piensa retirarse de las aguas territoriales
argentinas para practicar el aborto en alta mar y regresar en supuesto paso
inocente a nuestros puertos sin recalar en puerto extranjero. En este caso la
Argentina podría intervenir también porque no proviene de un puerto
extranjero.
Creemos que la Argentina puede impedir la entrada a sus puertos
del buque Aurora basada en las argumentaciones antedichas y aún su paso
supuestamente inocente por aguas de su jurisdicción, incluso por la zona
contigua. Ello está contemplado en el art. 25 de la CONVEMAR sobre protección
del Estado ribereño, que lo faculta a tomar en su mar territorial todas las
medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente y en su inciso 2.
que establece que sobre los buques que se dirijan a recalar en una instalación
portuaria, tendrá también derecho el Estado ribereño a tomar las medidas
necesarias para impedir cualquier incumplimiento de las condiciones a que esté
sujeta la admisión de dichos buques en esa instalación portuaria.
Johann Galtung tuvo la genial idea de describir a la comunidad
internacional compuesta por los Estados como sujetos del derecho internacional,
alrededor de los cuales gravitan como "actores" los que él llama IGOS, INGOS Y
BINGOS en sus siglas en inglés, a saber: Organizaciones Gubernamentales
Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales y
Organizaciones de Empresas Internacionales. Salvo los Estados y los IGOS, los
INGOS (ONGs) y los BINGOS (empresas multinacionales) no tienen personalidad
internacional y se crean y actúan dentro del sistema jurídico de un Estado.
INGOS Y BINGOS son formidables factores de poder que interactúan en la comunidad
internacional movilizando recursos en ocasiones más importantes que los que
movilizan algunos Estados. Algunos BINGOS tienen un patrimonio superior al PBI
de muchos países del tercer mundo y algunas ONG también son poderosas en dinero
y en actuación política. La ONG Mujeres sobre las Olas, dice tener sponsors
privados, no sabemos quiénes son, pero el poder económico está a la vista,
fletan un barco y lo mantienen y desarrollan una actividad promocionando el
aborto y el cambio de legislación de los Estados que lo penalizan que insume
cuantiosos recursos económicos.
Se trata de novedosos elementos de presión internacional
ejercidos como actos de fuerza, pero estos organismos no tienen el uso del poder
público que todavía reside en los Estados. De allí que sería plausible que el
Estado ejerza plenamente su capacidad jurídica para impedir estas violaciones al
derecho internacional que son en definitiva violaciones a la soberanía del
Estado.
La Cancillería tiene la palabra y el Jefe de Estado
también.
* la Dra. Torres es Profesora de Derecho Internacional
Público