La
eutanasia gana aceptación
La clemencia judicial
ante la «muerte compasiva»
LONDRES,
sábado, 14 enero 2006 (ZENIT.org).- La eutanasia es legal sólo en unos pocos
países, pero incluso donde está prohibida los jueces son cada vez más reacios a
castigar a quienes quebrantan las leyes. Un ejemplo reciente es el caso de un
padre inglés, Andrew Wragg.
El hijo de
10 años de Wragg, Jacob, sufría de una enfermedad degenerativa, el síndrome de
Hunter, y tenía múltiples discapacidades. El 24 de julio de 2004, Jacob fue
asfixiado por su padre, llamando después a la policía para decirles que había
matado a su hijo, informó el 12 de diciembre la BBC.
Durante el
juicio, la fiscalía sostuvo que el acto de Wragg había sido un «asesinato
egoísta» llevado a cabo porque él ya no podía hacer frente al cuidado del chico.
Pero la jueza Anne Raferty afirmó
que el caso era «excepcional» y que no se ganaba enviando a la cárcel al padre.
Wragg fue sentenciado a una pena de cárcel, que fue
suspendida.
Tres meses
antes ocurrió un caso similar. El 3 de septiembre el Times informaba de que
Donald Mawditt admitió haber ayudado a matar a su esposa dándole antidepresivos,
asfixiándola después. Su mujer, Maureen, sufría de hemocromatosis, una
enfermedad que provoca demasiado hierro en la sangre, dañando el hígado y el
páncreas y causando el fallo cardiaco. Se le dijo que sólo tenía un 50% de
posibilidades de vivir más de dos años.
Durante el
procedimiento, las evidencias mostraron que la pareja había hecho un pacto al
casarse para poner fin a la vida del otro si sufrían de una enfermedad terminal.
El juez Thomas Crowther decidió que el caso era «excepcional» y le ahorró el
finalizar su condena de prisión. Mawditt recibió una sentencia de condicional
por tres años.
Otro caso en
2005 fue el de Brian Blacburn, que se declaró culpable de homicidio involuntario
de su esposa, Margaret. El periódico Guardian del 15 de enero del año pasado
informó que Blackburn mató a su esposa, y luego intentó
suicidarse.
Su esposa
sufría de un caso avanzado de cáncer de estómago y habría muerte en semanas. El
juez Richard Hawkins afirmó que el caso tenía «circunstancias excepcionales», y
se suspendió la pena de cárcel de Blackburn.
Clemencia
judicial
En casos
similares, los jueces australianos también les están ahorrando a cárcel a los
parientes. Un ejemplo es el caso de Catherine Anne Prior, en el estado de
Tasmania.
Pryor fue
juzgada culpable de intentar asesinar a su madre y se declaró culpable de ayudar
a su padre a suicidarse, informó el 20 de diciembre el periódico local Mercury.
En marzo de 2003, dio a su madre una inyección de insulina, y cerca de 8 meses
después inyectó a su padre insulina y petidina, y puso una bolsa de plástico en
su cabeza hasta que dejó de respirar.
Se dijo al
tribunal que ambos padres tenían una salud endeble. Anne Grant tenía 77 años y
estaba en las primeras etapas de la demencia y Peter Grant, 79, y sufría de
cáncer terminal. Pryor recibió dos sentencias de cárcel que fueron suspendidas.
El juez Michael Hill declaró que, según él, «la comunidad no quería que fuera a
la cárcel», informaba el artículo.
En el primer
caso de esta clase en el estado de Nueva Gales del Sur, un magistrado local,
Alan Railton, dejó libre a Fred Thompson después de que este asesinara a su
esposa, Katerina. Según el Sydney Morning Herald del 21 de febrero, le dio seis
tabletas de pastillas para dormir, y luego la asfixió.
Sufría de
una esclerosis múltiple avanzada. Inicialmente, las autoridades pensaron que
había sido una muerte natural pero, más tarde, Thompson mismo admitió el hecho
ante la policía.
No es una
prueba de amor
Algunos
comentaristas criticaron la clemencia mostrada en el caso de Andrew Wragg en
Inglaterra. En las páginas de opinión del Telegraph del 18 de diciembre, Mary
Wakefield escribía que, mientras el veredicto oficial en el caso fue que Wragg
sufría de «responsabilidad disminuida», el argumento que realmente sacudió al
tribunal fue que la motivación que le impulsó a matar su hijo fue el
amor.
Este juicio
podría animar a otros a pensar que la ley es clemente con la muerte piadosa,
comentaba Wakefield. Por otra parte, parecía que «Andrew Wragg no amaba a Jacob
lo suficiente para querer seguir con la rutina de cuidarle cada día hasta el
final natural de su vida; él sólo lo quería lo suficiente como para matarle»,
observaba.
Muriel Gray,
escribiendo en el periódico escocés Sunday Herald el 18 de octubre, observaba
que Jacob fue «inocente de todo menos de haber nacido con una deficiencia
cromosómica». Jacob sufría de su enfermedad, pero el juez se centró más en el
sufrimiento de sus padres, afirmaba Gray.
Observaba
además que el juez justificó la decisión del marido de matar a su hijo, incluso
aunque el no era el tutor primario; era la esposa de Wragg quien tomó la
principal responsabilidad en el cuidado de Jacob. Lo que la decisión significa,
continuaba Gray, es que «nuestras vidas de niños discapacitados son
considerablemente menos valiosas que las de quienes están
sanos».
También ha
continuado la presión a favor de la ley de la eutanasia en Gran Bretaña. El año
pasado, en la Cámara de los Lores, Lord Joel Joffe promovió una ley que
permitiera al enfermo terminal pedir ayuda para suicidarse.
Comentando
la propuesta, Mons. Peter Smith, presidente del departamento para la
responsabilidad cristiana y la ciudadanía de la Conferencia Episcopal
de Inglaterra y Gales, afirmó que lo que se necesita en su lugar es mejores
cuidados paliativos.
«Las
personas terminales necesitan que se las cuide de forma apropiada, dejando claro
que sus vidas tienen valor, y que la sociedad no les desea muerto», afirmaba el
arzobispo en una nota de prensa el 9 de noviembre. «Necesitan que se les cuide,
no que se les mate».
El desastre
holandés
Han seguido
llegando noticias inquietantes de Holanda, el país pionero en la eutanasia
legal. El 7 de mayo, el British Medical Journal informaba de que el sistema
asistencial holandés ha aprobado, por primera vez, una petición de suicidio
asistido de un paciente con enfermedad de Alzheimer.
El 9 de
septiembre, el periódico Irish Examiner informaba que un estudio llevado a cabo
por investigadores del Erasmus Medical Center de Rótterdam había encontrado que
los médicos están ayudando a acelerar la muerte de niños enfermos de diversos
modos, en ocasiones actuando al filo de la ley.
El estudio
fue publicado en septiembre en Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.
Consideraba 64 muertes de niños enfermos durante un periodo de cuatro meses. De
ellos, 42 casos implicaron decisiones médicas que podrían haber acelerado su
muerte.
El 29 de
septiembre, Associated Press informó de que el gobierno holandés se propone
ampliar su política de eutanasia, fijando las directrices para que los médicos
puedan poner fin a las vidas de recién nacidos enfermos terminales con el
consentimiento de los padres.
Estas
directrices fueron elaboradas en 2004 por los doctores del centró médico de la
Universidad de Groningen. Contemplan permitir la eutanasia en casos en los que
el niño sea enfermo terminal sin perspectivas de recuperación; cuando sufra
fuertes dolores; cuando dos equipos de doctores estén de acuerdo en que la
situación es desesperada; y cuando los padres den su
consentimiento.
El 10 de
diciembre, el British Medical Journal aportó más detalles sobre los cambios. Los
doctores que pongan fin a las vidas de los bebés serán juzgados por un comité de
expertos médicos y legales al que se debe informar de todos los
casos.
Terminar con
la vida de un bebé sigue siendo ilegal, pero si los doctores se atienen a los
criterios establecidos es poco probable que se les procese. Según la revista
médica, desde 1997, la fiscalía pública fue puesta en conocimiento de 22 casos
de doctores que pusieron fin a la vida de recién nacidos. Tras dos absoluciones
en los años 90, todos han sido desestimados.
El Catecismo
de la Iglesia
Católica explica que se pueden usar analgésicos para aliviar el
sufrimiento del moribundo, incluso aunque se acorte su vida (No. 2279). Pero la
eutanasia directa que busca poner fin a la vida de personas disminuidas,
enfermas o moribundas «es moralmente inaceptable», advierte el catecismo en el
No. 2277. Un mensaje que los legisladores y los jueces cada vez pasan más por
alto.
Fuente:
agencia
Zenit (ZSI06011403)