NOTA
DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
Acerca de la objeción de
conciencia ante una ley radicalmente injusta que
corrompe la institución del
matrimonio
Madrid, 5 de mayo de
2005
El Gobierno anunció hace un año su intención de
regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para
la Humanidad.
Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo
sexo. En la legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisoluble
unión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a la procreación,
para convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de sexos e
incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el incomparable servicio de dar
cauce a la complementariedad conyugal y de procrear y educar a los hijos. Ahora
parece que el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición
legal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante negación de
datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios
morales más básicos del orden social.
El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada
En favor del verdadero matrimonio. Allí explicábamos
las razones que nos obligan a pronunciarnos en contra de este proyecto legal,
dado que nos corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es
decir, la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio,
responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a la existencia a
los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y a la felicidad
temporal y eterna.
Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley
tan injusta, hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría
este nuevo paso. No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque
la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es
corromper la institución del matrimonio. Esa unión es en realidad una
falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la
moneda falsa para la economía de un país. Pensamos con dolor en el perjuicio que
se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los
jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el
verdadero matrimonio. Pensamos también en las escuelas y en los educadores a
quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en
España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de una mujer.
Ante esta triste situación, recordamos, pues, dos
cosas. Primero, que la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del
carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la
recta razón y con la norma moral. La función de la ley civil es ciertamente más
limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en contradicción con la
recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior,
recordamos que los católicos, como todas las personas de recta formación moral,
no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han
de oponerse a ella de forma clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a
favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de
obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción
de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este derecho
fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su
ejercicio.
Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España
se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una
disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales
del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los educadores. Oponerse a
disposiciones inmorales, contrarias a la razón, no es ir en contra de nadie,
sino a favor del amor a la verdad y del bien de cada persona.