Uniones
civiles de la discordia
La Iglesia teme que la
tendencia legal mine el matrimonio
Por
el P. John Flynn
En Italia
está teniendo lugar un acalorado debate sobre si se debe dar reconocimiento
legal y derechos a las parejas que cohabitan. Poco después de las elecciones
generales del pasado abril, algunos miembros del nuevo gobierno de
centro-izquierda hablaron brevemente sobre el tema. El tema ha vuelto de nuevo
cuando el gobierno anunció que a principios del 2007 habrá una nueva ley para
las parejas de hecho.
Todavía no
está clara la formulación exacta de la ley, pero según especulan los medios
daría estatus legal tanto a las parejas de hecho heterosexuales como a las
homosexuales. El debate sobre qué derechos se deberían dar a las parejas está
dividiendo a las coaliciones de partidos tanto del gobierno como de la
oposición.
Rápidamente
la Iglesia criticó la propuesta, aunque de forma indirecta, a través de
artículos en el periódico vaticano, L’Osservatore Romano. El primer paso se dio
con la aprobación por el consejo municipal de Padua de una moción aprobando el
reconocimiento de derechos para las parejas que cohabitan.
La edición
del 7 de diciembre de L’Osservatore Romano condenaba la medida, sosteniendo que
fijaba un peligroso precedente al reconocer formas familiares no basadas en el
matrimonio entre un hombre y una mujer. El proyecto del gobierno de la nación
para las parejas de hecho también recibió atención inmediatamente después. La
edición del 9-10 de diciembre el periódico vaticano consideraba una «mentira» el
argumento de que dar derechos a las parejas que cohabitan no daña a la
institución de la familia.
En el pasado
reciente han entrado en vigor en Europa diversas formas de leyes que dan
derechos a las parejas de hecho. Un libro publicado en Italia por el periodista
Umberto Folena, «I PACS della Discordia: Spunti per un dibattito» (Los PACS de
la Discordia: Ideas para un Debate), hacía un repaso de la situación. PACS es
el acrónimo francés para «pactos de solidaridad civil».
Dinamarca
fue la primera de la lista, en 1989, cuando otorgó reconocimiento formal a las
uniones homosexuales. Noruega le siguió en 1993; Suecia, el año siguiente. En
1996, Islandia también dio a las parejas del mismo sexo esta
posibilidad.
En 1999,
Francia aprobó una ley que permitía a dos personas, independientemente de su
sexo, formar una unión legal que les da una serie de derechos relacionados con
cuestiones fiscales y de bienestar. En Alemania, una ley del 2000 dio a los
homosexuales muchos de los derechos legales de las parejas casadas. Una ley
posterior, aprobada en el 2004, abrió la posibilidad a las parejas no casadas de
la adopción.
Otros países
europeos que dan reconocimiento a las parejas no casadas son Portugal,
Finlandia, Reino Unido y Luxemburgo. En 2001 Holanda dio el paso de conceder los
derechos plenos de matrimonio a los homosexuales, incluyendo el derecho de
adopción. Siguió España, en junio del 2005. Fuera de Europa, Canadá abrió el
matrimonio a las parejas homosexuales en julio del 2005.
En los
Estados Unidos, Nueva Jersey se ha convertido en el tercer estado, tras Vermont
y Connecticut, en reconocer las uniones de civiles de parejas del mismo sexo. La
ley, firmada el 20 de diciembre por el gobernador, Jon Corzine, fue impuesta a
los legisladores por una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Nueva
Jersey.
En los
medios italianos abundan los argumentos sobre el tema de los derechos para las
parejas en uniones de hecho. Algunos artículos de opinión en periódicos han
mantenido que sería «no cristiano» denegar protección legal a las parejas de
hecho.
Una guía
útil a este debate es el libro «PACS, matrimonio e coppie omosessuali» (PACS,
Matrimonio y Parejas Homosexuales), de Michele Aramini. El autor, que enseña
teología en la
Universidad Católica de Milán, se centraba en el tema de los
derechos para las parejas del mismo sexo. Comenzaba explicando la necesidad de
separar el tema de la familia del de proteger a los homosexuales de una
discriminación injusta.
Se debería
proteger a los homosexuales del trato injusto, declaraba Aramini, pero esto no
significa que sus relaciones deban ponerse al mismo nivel que la forma
tradicional de matrimonio y familia.
Cuando se
define la familia, continuaba, un elemento esencial es el de la procreación.
Puesto que esto sólo es posible cuando la pareja está formada
por miembros del sexo opuesto, es imposible hablar de «familias»
homosexuales.
E incluso a
un nivel más fundamental, lo que está en cuestión es el concepto de persona
humana y si existe una única y objetiva forma de vivir en el área de la
sexualidad y de la
familia. Quienes defienden los derechos de las parejas
homosexuales, u otras formas de cohabitación, mantienen que esto es sólo
reconocer simplemente una diferencia legítima en los estilos de
vida.
La réplica a
este argumento, explica Aramini, es reconocer que la familia basada en el
matrimonio no es algo que dependa de una serie de circunstancias culturales e
históricas susceptibles de cambiar. Se basa, más bien, en necesidades inherentes
a nuestra misma naturaleza humana. Exigir derechos para las parejas que
cohabitan no es otra cosa, por tanto, que una expresión de la actual tendencia
hacia el individualismo extremo. Este individualismo exige que la legislación se
acomode a lo que pueda demandar el individuo, sin tener en cuenta las
consecuencias para los demás o para la sociedad.
La familia
tradicional, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, trae consigo
muchos beneficios para la sociedad y el bien común, apunta Aramini. La familia
es, de hecho, el cimiento básico de la sociedad. Como tal, es
perfectamente legítimo que se le dé un estatus legal
privilegiado.
El
Pontificio Consejo para la Familia presentó un argumento similar en su
declaración publicada en el 2000: «Familia, Matrimonio y ‘Uniones de Hecho’».
«La familia fundada en el matrimonio», indicaba, «es un bien fundamental y
precioso para la sociedad entera, cuyo entramado más firme se asienta sobre los
valores que se despliegan en las relaciones familiares» (n.
2).
Diferencia
sustancial
El documento
sigue explicando por qué el matrimonio y las diferentes formas de uniones de
hecho no pueden ponerse al mismo nivel. La familia se basa en el vínculo
matrimonial entre los esposos y es el núcleo para la procreación y educación de
la próxima generación. Como institución precede, de hecho, al
Estado.
No es
razonable esperar, sostiene el Pontificio Consejo para la Familia, que las
funciones vitales llevadas a cabo por la familia, basada en un matrimonio
estable, puedan llevarlas a cabo las uniones de hecho a gran escala, de forma
estable y permanente.
La presión
por el reconocimiento legal de las uniones de hecho se suele hacer basándose en
la necesidad de evitar la discriminación. Sin
embargo, ceder a esta petición «comporta una verdadera discriminación de la
familia matrimonial, puesto que se la considera a un nivel semejante al de
cualquier otra convivencia sin importar para nada que exista o no un compromiso
de fidelidad recíproca y de generación-educación de los
hijos».
En este
sentido el documento pide que se haga una distinción entre el interés público y
el interés privado. El Estado debería proteger lo que es de interés público, es
este caso la familia basada en el matrimonio. Cuando se trata del interés
privado, todo lo que el Estado está llamado a hacer es garantizar la
libertad.
«El
matrimonio y la familia», indica el documento, revisten un interés público y son
núcleo fundamental de la sociedad y del Estado, y como tal deben ser reconocidos
y protegidos» (No. 11). Una decisión de dos personas de vivir juntas, en
contraste, es una elección privada. «Las uniones de hecho son consecuencia de
comportamientos privados y en este plano privado deberían permanecer», sostiene
el organismo vaticano.
Este punto
de vista no es una imposición de las creencias cristianas en una sociedad
plural, explica el documento. Es cierto que los cristianos tienen una visión del
matrimonio y de la familia iluminada por su fe y por la enseñanza de la Iglesia,
pero el matrimonio es también una realidad natural. «No es cuestión,
primariamente, de fe cristiana, sino de racionalidad» (n. 13). Una racionalidad
que cada vez se está oscureciendo más en muchos países.
Fuente: ZENIT.org, 1 enero
2007