NOTIVIDA.
Año II, n° 72, 4 de abril de 2002
Buenos
Aires, Argentina
AVANZA
EN EL SENADO LA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA POR EXIGENCIA
DE LA
ONU
El
proyecto de Protección integral al niño/a y adolescente, sancionado por
la Cámara de
Diputados y actualmente en estudio en el Senado de la Nación, imponiendo una concepción
totalitaria, reasigna los roles de los padres y del Estado respecto a los niños
y adolescentes. Invierte la misión natural de la Familia y del
Estado.
El
objeto del proyecto es "garantizar a los niño/as y adolescentes el disfrute
pleno y efectivo de sus derechos y garantías".
Para
que el objetivo se cumpla -según el texto- el Estado puede tomar medidas de
"cualquier índole"; mientras que los padres sólo tienen la “responsabilidad” y
“obligación” de asegurar el cumplimiento de las directivas estatales. La
indelegable responsabilidad de los padres desaparece. El Estado se hace cargo de
los jóvenes. La familia queda subordinada al Estado, en un proyecto totalitario
que reedita los atropellos soviéticos.
"Cuando
exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, niñas y
adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos -por ej. la patria
potestad- prevalecerán los primeros." (art.8)
Para
algunas Senadoras la
Constitución es un tema menor
Para
la senadora Mabel Müller, (PJ-Pcia. de Bs. As), mano derecha del presidente
Duhalde y de Chiche Duhalde en el Senado, la Constitución es un tema menor y
urge sancionar el proyecto de Protección integral al niño/a y adolescente,
porque así lo exige la
ONU.
El
día 20 de marzo, se llevó a cabo una reunión informativa organizada en el Senado
de la Nación
por las Comisiones de Familia y minoridad y Derechos y garantías, con el fin de
facilitar el estudio del Proyecto.
Intervino,
como único orador, el Dr. Norberto Ignacio Liwski, presidente del Consejo
Nacional de la
Niñez, Adolescencia y la Familia. Su exposición fue clara
y categórica. El funcionario destacó, entre otras cosas, la colisión que existe
entre el proyecto y la Constitución Nacional,
mencionando expresamente la
Ley 23.849.
En
efecto, el proyecto prevé en su art. 37, referido
a la salud sexual y reproductiva,
que "los adolescentes tienen derecho a solicitar y recibir estos servicios por
sí mismos". Define, además, como adolescente, al menor que tiene entre doce y
dieciocho años (art. 2). Es decir, garantiza que una niña de doce años pueda
solicitar en el hospital la colocación de un DIU o el suministro de una "píldora
del día después" sin que sus padres se enteren ya que le asegura
"confidencialidad". Contrariamente, la ley 23.849, declara “que las
cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de
manera indelegable de acuerdo a los principios éticos y morales”. Como bien
señalara el Dr. Liwski, es evidente la contradicción entre la Constitución y el
proyecto.
A
pesar de esto, las senadoras presentes: Mabel Müller, (PJ-Pcia. de Bs. As);
Marcela Lezcano (UCR-Formosa); Lilia Arancio, (UCR-Jujuy); Mabel Caparrós,
(PJ-Tierra del Fuego); y Carmen Gómez de Bertone (PJ-La Pampa); consideraron las
observaciones como temas menores y descartaron la posibilidad de hacer
modificaciones al proyecto amparándose en el tiempo que las mismas demandarían.
Según las senadoras, introducir modificaciones impondría la vuelta del proyecto
a la Cámara de
Diputados e impediría que estuviera sancionado antes de la Sesión Especial de
la Asamblea
General de las Naciones Unidas a favor de la Infancia, convocada en
Nueva York, para mayo/2002.
Cabe
señalar que la
Comisión que debe estudiar el proyecto en primer término es la
de Legislación general, que no fue invitada a la reunión organizada por las
Comisiones de Familia y minoridad y Derechos y garantías, seguramente para
evitar cualquier tipo de oposición. Una
vez más el feminismo demuestra que pretende legislar y gobernar "de facto". FIN
Agradecemos
su difusión
Rueda
de Enlace de ONG's
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NOTIVIDA.
Año II, n° 72, 4 de abril de 2002.
Editores:
Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río
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