NOTIVIDA, Año VII, nº 466, 12 de septiembre de 2007

TOTALITARISMO DE ESTADO (II)

Los casos testigos que se usaron para forzar la legalización del aborto. La presión del gobierno de Kirchner.

Por Mónica del Río

“apagada en las almas la luz que brota de los principios universales de moralidad,

queda inmediatamente destruido el único e insustituible fundamento de estable tranquilidad

en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública”

(Pío XII, Summi Pontificatus, nº 25)

El uso de la vía judicial para forzar la legalización del aborto

 

El 8 julio de 2005 y tras fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la prov. de Buenos Aires los médicos del Hospital Evita de Lanús practicaron un aborto a una mujer que sufría una miocardiopatía dilatada. El Hospital Universitario Austral ofreció en ese momento infraestructura y especialistas para intentar salvar las dos vidas, otros ofrecieron subsidios para madre e hijo y varios matrimonios solicitaron la adopción. Todo fue rechazado, se asesinó al bebé. Un inocente aniquilado, sin nombre ni tumba, que tenía más de 5 meses de gestación.

Durante agosto de 2006 se practicaron los abortos a las dos discapacitadas que habían quedado embarazadas tras una violación, uno en La Plata (prov. de Buenos Aires) y  otro en Mendoza. Ambos habían sido autorizados por los máximos tribunales de las respectivas provincias.

A la discapacitada de Guernica que por entonces tenía 19 años y cinco meses de embarazo, el aborto se le practicó el sábado 19 de agosto en una clínica privada de La Plata -con el apoyo de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” según declaró a los medios la activista abortista Dora Coledesky- porque el Hospital San Martín de esa ciudad se negó finalmente a realizar la intervención por lo avanzado del embarazo. Se desconoce si hubo condena al violador. En la madrugada del 24 de agosto se asesinó al bebé de Mendoza en un hospital público de la provincia; la gestante, Claudia Gazzoli, de 25 años, había sido violada por el concubino de su hermana que vivía bajo el mismo techo. Con obsesión por matar se volvieron a rechazar los ofrecimientos (adopción, subsidios…) que intentaban salvar ambas vidas. El resultado, otros dos inocentes aniquilados “en democracia” sin nombre ni tumba.   

El 2 de marzo de este año cuando estaba a punto de expedirse la Suprema Corte de Justicia de la prov. de Buenos Aires (aunque no se trataba de una discapacitada la Procuradora General María del Carmen Falbo ya había dictaminado a favor del aborto), sufrió un aborto espontáneo la joven de Mar del Plata violada por su padrastro.

El 17 de mayo falleció en el Hospital Iturraspe de Sta. Fe Ana María Acevedo, una joven de 20 años, pobre y analfabeta que cursaba su cuarto embarazo. Aunque padecía de un sarcoma maxilar -cáncer fulminante- y pese a los muchos esfuerzos realizados en el hospital para salvar ambas vidas –la de la madre y la del hijo- la presidenta del INADI, María José Lubertino dijo que no practicarle el aborto fue “un caso de discriminación que se cobró su vida”, e injustamente fue despedido el director del Hospital, Dr. Andrés Ellena. Nadie cuestionó la ausencia del Estado por el modo en que vivía la joven.

Por estos días la mamá de una joven entrerriana de 19 años, discapacitada y embarazada tras una violación solicitó que le practiquen un aborto.

La presión del Gobierno

En cada uno de los casos mencionados el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se manifestó en los medios a favor de que se practiquen los abortos.

Además, en la reunión del Consejo Federal de Salud del 24 de agosto de 2006, González García instó a los Ministros de Salud provinciales a firmar una Declaración avalando los abortos practicados, en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Dice la Declaración “frente a los recientes sucesos de público conocimiento, deseamos expresar nuestro apoyo a las familias involucradas, a las autoridades y a los actores del sector de la Salud de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, en nuestro convencimiento de que han intervenido cumpliendo con las leyes y en salvaguarda del derecho a la atención médica”. Se negaron a firmar esa declaración los ministros de salud de Salta, San Juan, Sgo. del Estero, San Luis y Santa Fe (Vid Notivida 387).

Recordemos que este año la ministra de salud de Santa Fe, Silvia Simoncini, fue responsable del despido del Dr. Ellena, Director del Hospital Iturraspe, tal vez eso le mereció ser candidata a senadora provincial por el Frente para la Victoria en los recientes comicios santafecinos.  

Las víctimas inocentes

Como hemos señalado no podemos pronunciar su nombre, ni dejar una flor en su tumba.

No obstante, por todos y cada uno de esos seres humanos indefensos e inocentes, asesinados con el beneplácito de este gobierno, hoy y siempre gritaremos ¡Presentes!

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NOTIVIDA, Año VI, nº 466, 12 de septiembre de 2007

Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río

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